Redacción, 27 de mayo de 2026.- Sanlúcar de Barrameda se encamina hacia un verano judicial intenso. El Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad ha admitido a trámite las denuncias interpuestas por el comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento contra la alcaldesa, Carmen Álvarez (IU), en el marco de dos procedimientos de investigación independientes.
El caso Protección Civil: presunta prevaricación
El primero de los procedimientos se originó a raíz de un conflicto con la Policía Local. La denuncia acusa a la regidora de utilizar presuntamente a voluntarios de Protección Civil para realizar tareas de competencia exclusiva de la Policía Local, retribuyéndoles mediante dinero procedente de subvenciones. Por estos hechos, Álvarez está siendo investigada (término actual para la antigua imputación) por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Dentro de estas mismas diligencias, también han sido llamadas a declarar el concejal de Hacienda, David González Barbe, la ex-secretaria general del Ayuntamiento y dos técnicos municipales.
Polémica por los premios de jubilación
El segundo frente judicial, en el que también se investiga un posible delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), responde a una denuncia sindical por la no aplicación del reglamento de productividad y el impago de las ayudas por jubilación al personal municipal.
El conflicto radica en la negativa del actual Gobierno local a abonar estas compensaciones, las cuales estaban recogidas históricamente en el convenio colectivo y, según los sindicatos, se pagaban con normalidad en mandatos anteriores.
La representación sindical está citada el próximo 23 de junio para ratificar la denuncia, aunque todavía no se ha fijado la fecha en la que deberá comparecer la alcaldesa. Fuentes sindicales añaden un matiz humano al conflicto, señalando que varios de los empleados afectados han fallecido durante este periodo de espera sin haber percibido las cantidades reclamadas.
La citación judicial y la apertura de diligencias no implican una condena automática ni presunción de culpabilidad; será el juzgado el que determine si existen indicios suficientes para continuar con el proceso.
El laberinto jurídico de los incentivos públicos
La controversia sobre estos pagos no es exclusiva de Sanlúcar. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha cuestionado los premios de jubilación al personal público si no cuentan con el respaldo explícito de una norma con rango de ley.
Para intentar solucionar este vacío, la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía introdujo en su artículo 70 la posibilidad de reconocer estos premios a los funcionarios, aunque dejando los detalles en manos de un futuro desarrollo reglamentario. Ante esta situación, municipios andaluces como el de Córdoba ya han aprobado reglamentos específicos para dotar de total cobertura legal a estas compensaciones y reactivar los pagos de forma segura.
