Redacción, 30 de julio de 2026. La antigua planta de residuos agrícolas de Monte Algaida ha vuelto a arder. El incendio declarado este miércoles no constituye un episodio aislado, sino el último capítulo de un problema que se repite desde hace años en un recinto donde la acumulación de plásticos agrícolas, la ausencia de una solución definitiva y la falta de vigilancia han convertido este enclave en uno de los principales focos de riesgo ambiental de Sanlúcar de Barrameda.
Situada junto al Pinar de La Algaida y en el entorno de Doñana, una zona de especial protección ambiental, la antigua planta de transferencia de residuos agrícolas permanece abandonada desde hace años. Lo que en su día fue una instalación destinada a facilitar la gestión de los residuos del sector agrícola se ha transformado en un vertedero donde se acumulan miles de kilos de plásticos de invernadero, tuberías de riego y otros residuos procedentes de las explotaciones agrícolas.
Cuando la parcela alcanza un elevado nivel de acumulación, el riesgo de incendio aumenta de forma considerable. Las altas temperaturas incrementan el peligro, pero el problema persiste durante todo el año. Cuando las llamas se originan, el fuego puede mantenerse activo durante horas o incluso días, generando una densa columna de humo visible desde numerosos puntos del municipio.
La combustión de plásticos agrícolas mezclados con otros residuos libera sustancias altamente tóxicas y potencialmente cancerígenas, con el consiguiente riesgo para la salud pública y para un entorno natural de enorme valor ecológico. Cada incendio supone además una amenaza para el cercano Pinar de La Algaida y para el entorno de Doñana.
El problema, sin embargo, no termina cuando se extinguen las llamas.
La parcela es titularidad de la Junta de Andalucía, mientras que la vigilancia del recinto corresponde al Ayuntamiento de Sanlúcar. Sin embargo, la instalación continúa sin vigilancia efectiva, permitiendo que sigan produciéndose vertidos incontrolados y que el recinto vuelva a llenarse de residuos una y otra vez. La falta de control favorece que numerosos agricultores y particulares depositen plásticos agrícolas, tuberías de riego e incluso envases de productos fitosanitarios tanto dentro de la parcela como sobre su vallado perimetral. Otros residuos terminan abandonados en caminos, caños, gavias y parcelas en desuso, e incluso llegan a depositarse en contenedores de residuos sólidos urbanos, agravando un problema ambiental que se arrastra desde hace años.
La consecuencia es un círculo vicioso que parece no tener fin. La parcela vuelve a llenarse de residuos, aumenta el riesgo de incendio, se produce un nuevo fuego, intervienen los servicios de emergencia para extinguirlo y, una vez finalizada la actuación, el recinto vuelve a quedar expuesto a nuevos vertidos. Sin vigilancia y sin medidas preventivas eficaces, la historia vuelve a repetirse.
A esta situación se suma otro problema de fondo. Sanlúcar sigue sin disponer de un gestor autorizado de residuos plásticos agrícolas. La normativa andaluza establece que los agricultores son responsables de conservar adecuadamente estos residuos y entregarlos a los sistemas de gestión habilitados en un plazo máximo de dos meses, pero no pueden actuar como gestores salvo que estén debidamente autorizados. La ausencia de una infraestructura estable para canalizar estos residuos dificulta aún más su correcta gestión y favorece la proliferación de vertidos incontrolados.
La situación no es nueva. En 2019, tras otro incendio registrado en la misma instalación, la entonces portavoz de la oposición y actual alcaldesa, Carmen Álvarez, denunció públicamente el abandono del recinto por parte del Ayuntamiento y criticó la gestión de los residuos agrícolas, advirtiendo de que no podían permanecer acumuladas grandes toneladas de un material tan contaminante. Siete años después, el escenario apenas ha cambiado, sin embargo la pelota ha cambiado de bando y es el actual Gobierno de IU quien tiene la responsabilidad de su vigilancia.
El incendio registrado este miércoles vuelve a demostrar que el problema sigue sin resolverse. Mientras no se impida el vertido incontrolado de residuos, se garantice una vigilancia efectiva de la instalación y las administraciones competentes adopten una solución definitiva para la gestión de los plásticos agrícolas, la antigua planta de La Algaida continuará siendo una auténtica bomba ambiental junto a uno de los espacios naturales más importantes de Andalucía. Lo ocurrido esta semana no es una excepción, sino la consecuencia de un problema que nunca llegó a resolverse.
