La política tiene un problema cuando las palabras pronunciadas desde la oposición se evaporan al llegar al gobierno. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Sanlúcar de Barrameda con la decisión de la alcaldesa Carmen Álvarez de privatizar el servicio de autobuses urbanos.
Porque conviene recordar de dónde viene Izquierda Unida. Durante años, la formación defendió con contundencia la municipalización de los servicios públicos como una bandera ideológica y ética. Lo hizo con el agua, la ayuda a domicilio, con la limpieza y también con el transporte urbano. La tesis era clara: los servicios esenciales debían gestionarse desde lo público para garantizar calidad, control democrático y protección de los intereses ciudadanos frente al beneficio privado.
Hoy, sin embargo, el discurso ha cambiado radicalmente.
El Ayuntamiento impulsa ahora una concesión privada del transporte urbano durante diez años, con un coste total previsto de más de 35,5 millones de euros. Una cifra que desmonta por sí sola uno de los principales argumentos del gobierno local: la supuesta imposibilidad económica de asumir una gestión pública directa.
Porque si el Consistorio puede comprometer más de 35 millones de euros para pagar a una empresa privada durante una década, también podría estudiar seriamente la municipalización del servicio y la inversión directa en una flota moderna y sostenible. Lo contrario no deja de ser una contradicción política difícil de explicar.
La pregunta es inevitable: ¿qué ha cambiado? ¿La realidad económica de Sanlúcar o las convicciones de quienes hoy gobiernan?. La respuesta parece evidente. El problema no es la falta de recursos; el problema es la falta de voluntad política.
El expediente municipal reconoce que la flota actual está obsoleta, con vehículos que superan los 18 años de antigüedad, y plantea la compra de 12 nuevos autobuses híbridos. Nadie discute la necesidad de modernizar el servicio. Lo discutible es que la única solución planteada sea entregar su gestión a una empresa privada.
Y lo más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. La privatización del autobús urbano llega después del giro del gobierno municipal respecto al servicio de ayuda a domicilio, otro ámbito donde Izquierda Unida defendió históricamente la gestión pública y donde finalmente ha terminado aceptando fórmulas externalizadas. La distancia entre el discurso y la práctica empieza a convertirse en un patrón político.
Resulta especialmente llamativo que una formación que construyó buena parte de su identidad sobre la defensa de lo público termine aplicando exactamente las mismas políticas que criticaba desde la oposición. Y no hablamos de decisiones menores: hablamos de servicios esenciales que afectan directamente a la vida diaria de miles de vecinos.
El autobús urbano no es una mercancía cualquiera. Es un servicio público estratégico, utilizado por alrededor de 900.000 viajeros al año. Su función social está fuera de toda duda: conecta barrios, facilita el acceso al trabajo, a los centros educativos y sanitarios, y garantiza movilidad a quienes no disponen de vehículo privado.
Por eso preocupa que el debate se esté planteando exclusivamente desde parámetros económicos y administrativos. Porque cuando la lógica de la rentabilidad entra en los servicios públicos, la ciudadanía suele terminar perdiendo capacidad de control y transparencia.
El gobierno local insiste en que la concesión es la opción “más eficiente y sostenible”. Pero eficiencia no puede significar simplemente sacar un servicio del perímetro público. Y sostenibilidad no debería ser sinónimo de delegar responsabilidades en empresas privadas mientras el Ayuntamiento mantiene el coste económico.
Sanlúcar merece un debate mucho más serio y mucho más honesto. La ciudadanía tiene derecho a saber por qué un gobierno que prometía municipalizar servicios acaba privatizándolos. Tiene derecho a conocer si realmente se ha estudiado una gestión pública viable o si esa posibilidad nunca estuvo encima de la mesa. Y tiene derecho, sobre todo, a exigir coherencia política.
Porque gobernar no consiste únicamente en administrar expedientes. También consiste en cumplir la palabra dada.
Y en este asunto, la sensación cada vez más extendida es que las promesas de ayer han quedado aparcadas en la misma cochera que los viejos autobuses que ahora se pretende sustituir.
