“Todos tienen derecho a la educación”, afirma el artículo 27 de nuestra Constitución. Es habitual en los Estados del Bienestar, como España, que la educación básica sea púbica y gratuita para todos sus habitantes, partiendo esto último de una concepción del Estado como garante no solo de la vida de sus ciudadanos, sino de una vida digna de los mismos, debiendo proporcionar servicios básicos que pueden ser también sanitarios, sociales… En España la Constitución de 1931, en la II República, ya establecía una educación obligatoria, pública, gratuita y, lo novedoso del momento, laica para todos los españoles, pero pervivió bien poco, puesto que unos años más tarde se instauró una dictadura cuyo líder contó, desde comienzos de la Guerra Civil, con el apoyo de la Iglesia católica, una colaboración que se saldó con la vuelta de los clérigos a la enseñanza.
Tras el restablecimiento de los derechos y las libertades democráticos la Iglesia cada vez ha tenido menos peso en la instrucción de los jóvenes en nuestro país, un Estado que debe paliar aún relevantes problemas que atañen a la educación pública, como la contratación de más profesionales especializados que atiendan las dificultades específicas de los alumnos o la reducción de las ratios en clases en los distintos niveles educativos, con el fin de garantizar una educación de calidad, porque de nada sirve que todos los niños puedan acudir a centros educativos si después no van a poder recibir una labor pedagógica profesional por parte de unos docentes que cada vez están más desbordados.
Otro objetivo que se persigue con una educación pública de calidad es la formación de ciudadanos con valores democráticos y un espíritu crítico. Es aquí donde el asunto conecta notablemente con la realidad de Sanlúcar de Barrameda, una localidad que cuenta, en algunos centros educativos, con unos datos significativos de absentismo escolar. Se trata de un problema que hasta hace bien poco no era tratado de forma efectiva por parte del consistorio, pues carecía de un técnico específico que abordara los distintos casos que eran derivados al Ayuntamiento. Sin embargo, ya se trabaja en este asunto, como muestra la campaña que se está desarrollando para poder concienciar a los estudiantes y también a las familias.
En España la educación no es solo un derecho, ya que los alumnos deben también responder con su asistencia, trabajo y estudio. Por mucho que el Estado nos garantice un centro educativo al que acudir y unos profesores que nos pueden y quieren enseñar, si del discente —y de sus familiares, responsables de los niños mientras son menores de edad— no nace un compromiso para con su propia formación el proceso no será efectivo, dificultando la adquisición de unas competencias que le permitan contemplar la vida de forma crítica y ser consciente de los desafíos globales a los que nos enfrentamos. Esto último, como podemos contemplar, perjudica a la propia sociedad que necesita de personas comprometidas con los retos del mundo actual; pero sobre todo al propio joven, que estará condenado a una vida precaria y antagónica a la que todo ciudadano merece en un Estado del Bienestar.
Juanfran Vidal.
