Redacción, 1 de mayo de 2026.- El equipo de gobierno de Izquierda Unida, liderado por la alcaldesa Carmen Álvarez, ha aprobado este jueves la privatización total del servicio de autobuses y la prórroga del servicio de ayuda a domicilio, descartando de forma definitiva cualquier opción de municipalización de ambos servicios públicos. La decisión se adoptó en un pleno extraordinario y urgente convocado in extremis, en el que el Ejecutivo sacó adelante ambas propuestas gracias al voto de calidad de la alcaldesa.
La sesión plenaria, convocada a las 14:14 horas para celebrarse a las 17:00, estuvo marcada por la tensión y la polémica. Trabajadores del servicio de ayuda a domicilio y de la empresa de autobuses municipal, presentes en el salón de plenos, mostraron su malestar con carteles de protesta. Tras la aprobación de la prórroga del servicio privatizado, abandonaron la sala visiblemente decepcionados.
La prórroga de la privatización del servicio de ayuda a domicilio fue impulsada por Izquierda Unida, consolidando un modelo que, según denuncian los trabajadores, precariza las condiciones laborales y reduce la calidad del servicio. Una prórroga no forzosa ejecutada por la alcaldesa y con un presupuesto cercano a los 9 millones de euros para este año.
Más controvertido aún fue el expediente del contrato de autobuses, que salió adelante pese a las advertencias previas del PSOE en las comisiones informativas. Los socialistas denunciaron la existencia de documentación “cuanto menos irregular”, señalando la presencia de dos estudios de viabilidad con fechas y cantidades diferentes, así como informes técnicos que se basaban en documentos entregados con posterioridad, lo que pone en cuestión la coherencia del procedimiento.
A ello se suman los cambios en la duración del contrato del servicio de autobuses, que pasó de plantearse inicialmente por un año, posteriormente por dos, y finalmente por diez años, periodo que ha sido el aprobado en el pleno y un presupuesto de 35 millones de euros. Esta evolución ha despertado dudas sobre la garantía jurídica del proceso, reforzadas por la existencia de informes técnicos contradictorios y la ausencia de pronunciamientos actuales de algunos técnicos que sí participaron en fases anteriores.
Desde la oposición, tanto Partido Popular como Vox y PSOE coincidieron en criticar duramente la capacidad de gestión del gobierno municipal. Las tres formaciones señalaron la falta de transparencia, la improvisación en la toma de decisiones y las posibles irregularidades administrativas en ambos expedientes.
El pleno contó también con la presencia de trabajadores de la empresa municipal de autobuses, que siguieron con atención el debate de una decisión que, según denuncian, marcará el futuro del servicio público en la ciudad durante la próxima década.
