La alcaldesa eleva de urgencia a la Comisión de Economía el estudio de viabilidad para la continuidad de TUSSA, mientras el PSOE advierte de posibles ilegalidades en la fórmula de contratación y alerta de una privatización total
Redacción, 29 de abril de 2026.- El futuro del transporte público en Sanlúcar de Barrameda vuelve a ser el epicentro del debate político. El Gobierno local de Izquierda Unida (IU) elevará mañana de manera urgente a la Comisión Informativa de Economía y Hacienda la aprobación inicial del Estudio de Viabilidad Económico-Financiera para el contrato de concesión del servicio.
Este movimiento técnico es el paso previo necesario para el Pleno y busca garantizar la continuidad de la prestación del servicio a través de la sociedad mixta TUSSA (Transportes Urbanos de Sanlúcar, S.A.) que, a juicio de la oposición municipal, encubre un intento de privatización total. Actualmente el Consistorio sanluqueño cuenta con un 25% de participación en esta empresa mixta.
Un segundo intento tras el bloqueo en el Pleno
Este nuevo procedimiento se produce después de que, el pasado lunes, los grupos de la oposición obligaran a la alcaldía a suspender la aprobación de la prórroga. La oposición mantiene un frente común al denunciar que, legalmente, no existen más opciones de prórroga para el contrato actual.
Según las tesis de los grupos opositores, el Ayuntamiento se enfrenta ahora a un escenario de solo dos alternativas legales: prestar el servicio de transporte sin contrato en vigor o proceder a la municipalización completa del servicio.
El PSOE alerta de una privatización total del servicio de autobuses
El Grupo Municipal Socialista ha endurecido su postura, calificando la estrategia del Ejecutivo local como un intento de «privatización» encubierta por un periodo de 10 años hasta 2036. Según ha denunciado el PSOE, esta operación supondría un desembolso de 35 millones de euros para las arcas municipales.
Los socialistas argumentan que la alcaldesa se estaría amparando en un «resquicio legal» de una ley de 1953, algo que consideran incompatible con la actual Ley de Contratos del Sector Público.
Riesgo de pérdida del control municipal
Uno de los puntos más críticos señalados por el portavoz socialista es la posible extinción de la participación del Ayuntamiento en TUSSA. Actualmente, el Consistorio posee el 25% de la sociedad, pero el PSOE alerta de que las pretensiones del Gobierno de IU llevarían a que la empresa pasara a manos privadas al 100%.
Desde las filas socialistas han sido tajantes: «No vamos a ser cómplices de esta ilegalidad ni vamos a participar en este brindis al sol», aseguran, mientras el Gobierno local defiende la urgencia del trámite para evitar la interrupción de un servicio básico para los ciudadanos.
De materializarse el traspaso de la gestión a manos íntegramente privadas, la oposición señala que el Gobierno local mantendría el modelo de gestión indirecta en lugar de avanzar hacia la municipalización del servicio. Desde diversos sectores se ha comparado esta situación con el servicio de ayuda a domicilio, recordando que la actual alcaldesa defendió durante su etapa en la oposición el rescate público de dicha prestación, una medida que, según subrayan los grupos de la oposición, finalmente no se va a llevar a cabo tal y como reconoció la propia alcaldesa en el último pleno ordinario.
