Carmen Álvarez da esquinazo a la prensa entrando y saliendo por la puerta trasera del juzgado
REDACCIÓN, 3 DE MARZO DE 2026.- La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez Marín, ha comparecido este martes 3 de marzo de 2026 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad en calidad de investigada por un presunto delito de injurias y otro de acoso laboral o moobing a un empleado de Elicodesa, la empresa municipal de mantenimiento y limpieza de colegios y edificios públicos.
En una jornada marcada por la alta expectación, la regidora ha protagonizado un sonado esquinazo al eludir a los medios de comunicación congregados en la sede judicial, accediendo y abandonando el recinto a través de una puerta trasera, oculta en el vehículo de alta gama con cristales traseros tintados, propiedad de su abogado personal para evitar ser captada así por las cámaras.
Durante su comparecencia, que se ha prolongado por más de una hora, Álvarez ha negado rotundamente haber proferido expresiones vejatorias contra el querellante, desmintiendo haberle llamado «bien pagado» o haber afirmado que este acosara a otros empleados de la empresa pública.
En el transcurso de su declaración, la alcaldesa ha sostenido que su labor en la empresa municipal ELICODESA es meramente de representación institucional en su consejo de administración, subrayando que carece de capacidad sancionadora o poder de decisión sobre las contrataciones y nóminas, funciones que ha delegado en la figura del gerente. La investigada ha calificado la denuncia como un intento de castigo político por parte del denunciante, con quien mantiene una mala relación personal desde que ella se encontraba en la oposición en el año 2016.
Asimismo, ha justificado sus críticas hacia el trabajador basándose estrictamente en el interés general y el servicio público, al manifestar su firme oposición a que éste desempeñara una dualidad laboral con dos sueldos públicos simultáneos.
Respecto a un incidente ocurrido en 2023 con el denunciante relacionado con el montaje de mobiliario escolar en un colegio de la ciudad, Álvarez ha negado haber amenazado al operario denunciante con frases como «vas a tener problemas conmigo« o «me estoy pensando qué hacer con tu puesto de trabajo«, tal y como sostiene el trabajador, alegando que tales expresiones son contrarias a su historial como defensora de los derechos sociales.
La regidora ha llegado a denunciar que la empresa pública está dejando de cumplir sus funciones, mencionando que han dejado de limpiar la alcaldía y han rechazado reparar ventanas alegando falta de fondos, a pesar de las transferencias recibidas desde el Ayuntamiento.
Finalmente, la primera autoridad municipal ha optado por una estrategia de defensa cerrada al acogerse a su derecho a no responder a ninguna de las preguntas formuladas por la acusación particular, limitando sus respuestas exclusivamente a su propio letrado y al magistrado titular del Juzgado número 3 de la ciudad.
Como se recordará la regidora sanluqueña negó en sesión plenaria en el mes de enero encontrarse investigada en este caso, lo que motivó junto a otras cuestiones, la expulsión del Pleno de la totalidad del Grupo Municipal Socialista.
