Hay días en los que la política se escribe sola. Basta con mirar una fotografía, escuchar un par de consignas y observar quién marcha en primera fila para entender que, en ocasiones, la realidad tiene bastante más sentido del humor que quienes pretenden dirigirla.
La manifestación celebrada este 11 de noviembre en Sanlúcar, en el marco de la huelga general, ha dejado una de esas estampas que merecen pasar a la hemeroteca local. Pancartas contra la especulación inmobiliaria, gritos en defensa de la vivienda, proclamas contra las privatizaciones y mensajes contra los rentistas. Todo muy solemne. Todo muy reivindicativo. Todo muy digno de una buena fotografía. El problema empieza cuando uno deja de mirar las pancartas y se fija en las caras que las sujetan.
Porque allí, en lugar preferente, marchaban representantes del Gobierno municipal de Izquierda Unida. Los mismos que desde hace años ocupan los despachos del Ayuntamiento y que, sin embargo, todavía no han conseguido convertir el derecho a la vivienda en una política municipal digna de ese nombre.
Es una escena curiosa. Por no decir otra cosa. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar se manifiestan para reclamar aquello que deberían estar intentando resolver desde el Gobierno. Como si la Alcaldía estuviera en otra ciudad. Como si las competencias municipales fueran un asunto ajeno. Como si la vivienda pública fuese una reivindicación que correspondiera siempre a los demás.
En Sanlúcar no hay un ambicioso plan municipal de vivienda social que ofrecer a los ciudadanos, ni una política de construcción de vivienda pública que esté cambiando las expectativas de tantas familias y jóvenes condenados a mirar los precios del mercado desde la acera de enfrente. Tampoco se ha puesto en marcha una respuesta contundente para regular la proliferación de viviendas turísticas, uno de los fenómenos que alimentan el debate sobre el acceso a la vivienda.
Pero para eso están las pancartas, al parecer. Para reclamar en la calle lo que no se termina de hacer en los despachos
La jornada tuvo, además, un episodio de esos que hacen todavía más difícil mantener la seriedad. Entre las voces que participaron en la protesta volvió a escucharse la petición de dimisión de la concejala de Urbanismo por la cuestión de las viviendas turísticas cuya vinculación fue publicada por este medio.
De modo que en la misma manifestación coincidieron miembros del Gobierno municipal y ciudadanos que exigían la dimisión de una de sus integrantes. Una curiosa convivencia reivindicativa. Una especie de procesión política en la que unos llevaban las pancartas y otros, figuradamente, las preguntas incómodas. Pero la vivienda no fue la única contradicción de la jornada.
También hubo consignas contra las privatizaciones y contra las leyes que favorecen la gestión privada de los servicios públicos. Aquí la memoria resulta especialmente útil. Porque Izquierda Unida llegó a las últimas elecciones municipales haciendo de la municipalización de los servicios una de sus grandes banderas. Y muy especialmente del Servicio de Ayuda a Domicilio.
El tiempo, sin embargo, ha terminado colocando las palabras en su sitio. El Gobierno de IU ha optado por la privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio y también ha impulsado la gestión privada del transporte urbano.
Y después de tomar esas decisiones, sus representantes salen a la calle a protestar contra las privatizaciones.
Hay que reconocer que tiene mérito. No está al alcance de cualquiera defender una cosa en el programa electoral, hacer la contraria desde el Gobierno y después sumarse a una manifestación para denunciar precisamente aquello que uno mismo ha terminado haciendo. Quizá estemos ante una nueva modalidad de coherencia política: la que permite cambiar de discurso sin necesidad de cambiar de pancarta.
El rentista, el culpable universal y otros sospechosos habituales
La manifestación también tuvo sus destinatarios habituales: los rentistas, los propietarios y quienes, según algunas de las consignas, representan el problema de la vivienda.
Naturalmente, los abusos deben denunciarse y la especulación merece vigilancia. Nadie discute que el acceso a una vivienda se ha convertido en un problema de primera magnitud. Pero resulta demasiado sencillo buscar culpables en la acera de enfrente mientras se pasa de puntillas por las responsabilidades de quienes tienen la obligación de gobernar.
La vivienda no se construye a golpe de megáfono. Tampoco se regula por aclamación popular. Hace falta suelo, planificación, proyectos, presupuesto, voluntad política y, sobre todo, gestión. Y eso no se consigue señalando permanentemente a terceros.
Una plataforma ciudadana y unas afinidades que merecen explicaciones
Queda otra cuestión que tampoco debería pasar inadvertida: la relación de la plataforma convocante con el partido que gobierna el Ayuntamiento.
Una plataforma en defensa de la vivienda tiene todo el derecho a movilizarse, protestar y exigir soluciones. Faltaría más. Pero también debería tener la independencia suficiente para exigir responsabilidades a quienes gobiernan, especialmente cuando las reivindicaciones afectan directamente a sus competencias.
Porque una plataforma ciudadana no puede convertirse en un cómodo refugio reivindicativo para quienes tienen responsabilidades institucionales. Ni la sociedad civil debería servir de decorado para que los gobernantes puedan ejercer simultáneamente de gestores y de opositores de sí mismos.
La pregunta es sencilla: ¿con la misma contundencia se exigirán responsabilidades al Gobierno municipal que a cualquier otro?
Eso es lo que distingue a un movimiento ciudadano independiente de un instrumento de acompañamiento político. Y esa diferencia importa mucho más que todas las pancartas juntas.
Conviene insistir en algo: manifestarse es un derecho. Criticar al Gobierno es un derecho. Reclamar vivienda pública y servicios dignos es legítimo y necesario. Pero los derechos no conceden inmunidad frente a las contradicciones, ni las pancartas borran los compromisos incumplidos.
Gobernar obliga a dar explicaciones. Y quien gobierna no puede pretender que cada vez que sale a la calle desaparezca su responsabilidad institucional.
La imagen de este 11-N deja una pregunta que debería incomodar bastante más que cualquier consigna: ¿cómo se puede reclamar en una manifestación lo que uno no ha sido capaz de ofrecer desde el Gobierno?
En Sanlúcar tenemos representantes públicos que protestan contra las privatizaciones después de privatizar servicios, que reclaman vivienda pública sin presentar resultados a la altura de sus reivindicaciones y que marchan en defensa del derecho a la vivienda mientras siguen pendientes decisiones municipales sobre el mercado residencial.
Todo ello con la solemnidad de quien parece haber olvidado que gobernar no consiste en llevar una pancarta, sino en asumir responsabilidades.
Al final, la política tiene estas cosas. Hay quienes se pasan años esperando que llegue alguien a resolver sus problemas y hay quienes, teniendo la obligación de hacerlo, prefieren ponerse detrás de una pancarta para reclamarlo.
Y así, entre consignas, fotografías y discursos perfectamente ensayados, Sanlúcar ha asistido hoy a una curiosa representación: gobernantes manifestándose contra problemas que también tienen la obligación de solucionar.
Porque una cosa es salir a la calle a defender derechos y otra muy distinta utilizar la calle para disimular lo que no se hace desde el Gobierno. Y cuando la pancarta dice una cosa y la gestión demuestra otra, el problema ya no es de vivienda, ni de servicios públicos, ni de privatizaciones. El problema es de credibilidad.
