INVESTIGACIÓN | Denuncian el enterramiento de caballos en terrenos municipales de Las Piletas

• Las fotografías muestran lo que aparenta ser un enterramiento en terrenos municipales de la zona de Las Piletas
• El denunciante asegura que “no es un caso aislado” y pregunta si estas prácticas cumple con los requisitos sanitarios

Redacción, 2 de septiembre de 2026.  Una denuncia ciudadana a la que ha tenido acceso SANLUCAR AHORA ha puesto el foco sobre el presunto enterramiento de caballos en unos terrenos de titularidad municipal situados en la zona de Las Piletas, al tiempo que pregunta por las causas de sus muertes y  por cumplimiento de la normativa legal.

La denuncia viene acompañada de varias fotografías fechadas en el mes de febrero y otras posteriores del mes de mayo, en las que se observa una zona de terreno aparentemente excavada que el denunciante identifica como el lugar donde habría sido enterrado uno de los équidos fallecidos por causas que se desconocen, y que previamente habría sido desplazado por una grúa.

Según asegura la fuente consultada, no se trataría de un hecho aislado, ya que podrían ser más los caballos presuntamente enterrados en esta parcela propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar. Cabe recordar que estos suelos fueron expropiados hace años por la administración local por lo que los usos existentes son provisionales y estarían en precario.

¿Puede enterrarse un caballo en una finca municipal?

La normativa vigente establece que el enterramiento de équidos muertos puede realizarse, pero no de cualquier manera ni en cualquier lugar.

El artículo 6 de la Orden de 29 de abril de 2015 de la Junta de Andalucía, que regula las condiciones sanitarias y de bienestar de los équidos en Andalucía, establece expresamente que los cadáveres de los équidos pueden eliminarse mediante enterramiento conforme a la normativa SANDACH y previa autorización de la entidad propietaria de los terrenos, además del cumplimiento de las prescripciones técnicas correspondientes.

En el caso que nos ocupa, y siempre según la información facilitada a este medio, los terrenos serían de titularidad municipal. De confirmarse este extremo, una de las cuestiones fundamentales sería determinar si existe la correspondiente autorización del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para realizar el enterramiento mencionado y otros anteriores.

Por tanto, el hecho de que el terreno sea municipal no significa por sí mismo que el enterramiento sea ilegal, pero sí hace especialmente relevante comprobar si el Ayuntamiento, como propietario de los terrenos, autorizó su utilización para este fin.

La normativa establece condiciones sanitarias

El enterramiento tampoco puede efectuarse sin atender a una serie de prescripciones técnicas destinadas a evitar riesgos sanitarios y medioambientales.

Entre ellas, la normativa andaluza establece que el lugar elegido debe encontrarse a una distancia mínima de 250 metros de cualquier suministro de agua potable y de al menos 50 metros de cualquier curso de agua. También contempla medidas para la desinfección del cadáver antes de su enterramiento.

Estas condiciones tienen especial importancia porque la regulación de los subproductos animales considera que los cadáveres pueden generar riesgos para la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente.

Es evidente que la descomposición de grandes animales puede contaminar los suelos y las aguas subterráneas (capas freáticas) y atraer plagas. Los restos al aire libre o mal enterrados atraen a animales carroñeros y pueden propagar enfermedades

El marco legal que regula estas prácticas se rige por los reglamentos europeos sobre subproductos animales no destinados al consumo humano (como el Reglamento UE n.º 142/2011) y las leyes estatales de sanidad animal.

Las preguntas que plantea la denuncia

Las fotografías y la denuncia ciudadana plantean numerosas incógnitas que deberán ser aclaradas por las administraciones competentes y por los propietarios de estos animales. Entre ellas se encuentra la existencia o no de una autorización municipal para llevar a cabo el enterramiento, quién habría solicitado dicha autorización y en qué fecha fue concedida.

También resulta necesario determinar las causas de las muertes, si la muerte de estos animales fue comunicada oficialmente, si los équidos estaban correctamente identificados y se registró su baja, y si antes de proceder al enterramiento se comprobó que el emplazamiento cumplía las distancias sanitarias y medioambientales exigidas por la normativa.

Del mismo modo, queda por conocer si los servicios veterinarios municipales tuvieron conocimiento de los hechos y, especialmente, si existe constancia administrativa de otros posibles enterramientos de équidos en esta misma zona de Las Piletas, tal y como sostiene el denunciante.