Cuando el ciudadano siente que su voz ha sido raptada por el poder
Hay preguntas que no nacen de la teoría política, sino del cansancio moral de una sociedad: ¿Qué son hoy los regresores?. ¿Por qué se producen tantos errores de predicción política?. ¿Por qué cada vez más ciudadanos pierden la fe en los sistemas democráticos actuales?. ¿Para qué molestarnos en hacer oír nuestras voces si luego los poderes ejecutivos parecen raptar la voluntad del ciudadano?. ¿Estamos ante un nihilismo institucional?. ¿Retrocedemos democráticamente hablando?. ¿Se están convirtiendo demasiados políticos en pequeños autócratas de ocasión?. ¿Cuándo responderán, de verdad, los gobiernos ante sus ciudadanos?.
Estas preguntas no deben ser despachadas como exageraciones. Tampoco como simple malestar en nuestras tardes de cafetería. Son síntomas. Y cuando una sociedad empieza a formularlas con insistencia, el jurista, el ciudadano y el hombre libre tienen la obligación de detenerse a pensar.
La democracia no se agota solo al votar. La democracia no es únicamente una urna cada cuatro años, ni una liturgia electoral, más o menos repetida con música de campaña, promesas veloces y eslóganes perfectamente calculados. La democracia es, o debería ser, un sistema de límites. Límites al poder. Límites al abuso. Límites a la arbitrariedad. Límites al gobernante que confunde la victoria electoral con una patente de corso.
Pero el problema continúa cuando las instituciones siguen formalmente en pie, pero su espíritu empieza a vaciarse.
Hay Parlamento, pero se gobierna como si molestara. Hay leyes, pero se legisla con urgencia permanente. Hay tribunales, pero se los presiona, se los coloniza o se los desprestigia. Hay ciudadanos, pero se los escucha solo en campaña. Hay derechos, pero se los interpreta según la conveniencia del momento. Hay palabras democráticas, pero prácticas cada vez menos democráticas.
A ese fenómeno podríamos llamarlo nihilismo institucional. Y no porque las instituciones desaparezcan, sino porque dejan de creer en sí mismas. O peor aún: porque quienes las ocupan ya no las conciben como edificios del interés general, sino como instrumentos de conservación del poder.
El regresor político no es necesariamente quien llega vestido de tirano. A veces llega con sonrisa amable, con discurso sentimental, con estadísticas, con decretos, con propaganda, con apelaciones al miedo o con invocaciones permanentes a una emergencia. El regresor es todo aquello que devuelve la política a un estado anterior al pacto democrático: el caudillismo, la concentración de poder, el desprecio al adversario, la manipulación de la verdad, la ocupación de los contrapesos, el uso partidista de las instituciones y la reducción del ciudadano a espectador.
La democracia moderna nació, en gran medida, para desconfiar del poder. No para destruirlo, sino para sujetarlo. No para impedir el gobierno, sino para impedir el abuso del
gobierno. Por eso toda democracia digna de tal nombre necesita separación de poderes, prensa libre, jueces independientes, oposición real, transparencia, responsabilidad pública y ciudadanos capaces de incomodar.
Cuando todo eso se debilita, el sistema puede seguir llamándose democrático, pero empieza a parecer otra cosa.
Uno de los grandes errores de predicción de nuestro tiempo consiste en creer que las sociedades avanzan siempre hacia mejor. Durante años se pensó que la democracia liberal era una estación de llegada, un destino irreversible, una conquista ya consolidada. Pero la historia no funciona así. La historia no firma contratos de permanencia. Lo que una generación conquista, otra puede descuidarlo, e incluso perderlo. Lo que una generación defiende, otra puede venderlo por comodidad, miedo o cansancio.
La libertad no se hereda como un inmueble. Se ejercita. Se protege. Se discute. Se defiende. Y sí, también se pierde.
Y muchas veces se pierde no por un golpe brusco, sino por una sucesión de pequeñas renuncias: aceptar que el poder mienta porque “los nuestros” gobiernan; tolerar la arbitrariedad porque afecta al adversario; despreciar al juez que incomoda; celebrar la censura cuando calla a quien no nos gusta; admitir que el Parlamento sea reducido a trámite; confundir mayoría con verdad; confundir legalidad formal con legitimidad moral.
Así se erosiona una democracia: no siempre con tanques, sino con hábitos. La pregunta decisiva es por qué tantos ciudadanos están dejando de creer.
La respuesta es incómoda: porque muchos sienten que su voluntad no se traduce en gobierno responsable, sino en una representación secuestrada. Votan, pero luego observan pactos que no entienden, decisiones que no fueron explicadas, programas que se abandonan, instituciones que se reparten, cargos que se blindan, errores que nadie paga y promesas que se evaporan sin consecuencia alguna.
El ciudadano empieza entonces a formular una pregunta terrible: ¿Para qué hablar si nadie escucha?. ¿Para qué votar si luego todo se negocia lejos de mí?. ¿Para qué confiar si el poder nunca responde?. ¿Para qué creer si la palabra pública se ha devaluado?
Ese es el punto más peligroso: no la ira, sino el desistimiento. Porque una democracia puede sobrevivir al enfado ciudadano. De hecho, el enfado cívico puede ser saludable si se convierte en exigencia. Lo que una democracia no puede permitirse es la indiferencia. Cuando el ciudadano deja de esperar, cuando deja de exigir, cuando deja de sentirse parte, cuando mira el sistema como una maquinaria ajena, entonces la democracia queda en manos de los profesionales del poder.
Y los profesionales del poder, si no encuentran límites, tienden a fabricar su propia impunidad.
De ahí nace la tentación autocrática. No siempre como dictadura explícita, sino como estilo de gobierno. El autócrata contemporáneo no necesita cerrar todos los periódicos; le basta con degradar la conversación pública. No necesita suprimir todos los tribunales; le
basta con desacreditarlos cuando estorban. No necesita prohibir elecciones; le basta con convertirlas en plebiscitos emocionales. No necesita eliminar la ley; le basta con usarla selectivamente.
El poder autocrático moderno rara vez dice: “voy a destruir la democracia”. Suele decir: “yo soy la verdadera democracia”. Y ahí empieza el peligro.
Porque cuando un gobernante se identifica a sí mismo con el pueblo, todo límite parece traición. El juez que controla se convierte en enemigo. El periodista que pregunta, en conspirador. El ciudadano que protesta, en desestabilizador. La oposición, en obstáculo ilegítimo. La crítica, en ruido. La prudencia institucional, en debilidad. La ley, en una herramienta disponible.
Frente a ello, debemos recuperar una idea elemental: en democracia, ningún gobernante es dueño de la voluntad popular. Solo la administra temporalmente y bajo control.
La voluntad del ciudadano no puede ser raptada por el Ejecutivo, ni diluida por la propaganda, ni neutralizada por pactos opacos, ni convertida en excusa para la concentración de poder. La ciudadanía no entrega un cheque en blanco. Entrega un mandato limitado, revocable, fiscalizable y moralmente exigente.
Por eso la pregunta “¿cuándo responderán de verdad los gobiernos ante sus ciudadanos?” debería estar en el centro de toda regeneración democrática.
Responder no es comparecer. Responder no es emitir una nota de prensa. Responder no es culpar al adversario. Responder no es envolver la realidad en palabras. Responder es asumir consecuencias. Responder es explicar decisiones. Responder es aceptar controles. Responder es dimitir cuando el daño institucional lo exige. Responder es no tratar al ciudadano como menor de edad. Responder es recordar que el poder público no pertenece a quien lo ocupa. La democracia necesita menos liturgia y más responsabilidad.
Necesita menos propaganda y más verdad. Menos relato y más rendición de cuentas. Menos obediencia partidista y más conciencia institucional. Menos caudillos emocionales y más servidores públicos. Menos ruido y más Derecho.
Porque quizá el Derecho sea, en última instancia, la última defensa civilizada frente al poder desnudo.
El Derecho no es un adorno técnico. No es una molestia burocrática. No es una coartada formal. El Derecho es el idioma mediante el cual una sociedad le dice al poder: hasta aquí. Puede gobernar, pero no puede abusar. Puede decidir, pero no puede apropiarse de todo. Puede tener mayoría, pero no puede romper los contrapesos. Puede ganar elecciones, pero no puede confundirse con la nación.
Pensar con libertad, hoy, exige no repetir consignas. Exige mirar de frente el deterioro. Exige decir que la democracia no se defiende solo invocándola, sino practicándola. Y practicarla significa aceptar límites incluso cuando nos perjudican, respetar reglas incluso cuando nos incomodan, escuchar al contrario incluso cuando irrita y exigir responsabilidades incluso a quienes votamos.
No hay democracia adulta sin ciudadanos adultos. Y no hay ciudadanía adulta si renunciamos a pensar.
Quizá por eso la gran batalla de nuestro tiempo no sea solo electoral. Es una batalla por la lucidez. Por la palabra. Por la verdad. Por la responsabilidad. Por la recuperación del sentido institucional.
No se trata de abandonar la democracia porque esté cansada. Se trata de impedir que sea vaciada por quienes la utilizan mientras la debilitan.
La democracia no muere únicamente cuando se prohíbe votar. Empieza a morir antes: cuando el ciudadano siente que votar ya no decide, que hablar ya no importa, que la verdad ya no obliga y que el poder ya no responde. Y precisamente por eso hay que seguir hablando. No por ingenuidad. Sino por deber.
