Ayer sábado, 17 de octubre, el Guadalquivir volvió a salir a la calle. Sevilla acogió una manifestación en defensa del río y contra los vertidos mineros previstos en el estuario, con la participación de colectivos ecologistas, entidades sociales, representantes del sector pesquero y alcaldes de municipios de la cuenca, entre ellos la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez.
La reivindicación es necesaria. Nadie debería mirar hacia otro lado ante proyectos que, según advierten las entidades convocantes, podrían comprometer la calidad de las aguas, la seguridad alimentaria y el futuro de actividades económicas tan ligadas al río como la pesca y la agricultura. La exigencia de garantías ambientales no es una cuestión ideológica: es una cuestión de sentido común.
Pero hay algo que conviene recordar mientras se pronuncian discursos, se despliegan pancartas y se reclama protección para el Guadalquivir: el río no empieza ni termina donde empieza y termina una manifestación.
Y en Sanlúcar, donde el Guadalquivir se encuentra con el Atlántico, la contaminación tiene otra cara. Una mucho menos espectacular para las cámaras, pero bastante más cercana a quienes conviven con ella.
Basta con darse una vuelta por la playa de Bonanza.
Bonanza: del paisaje natural al desguace improvisado
Las imágenes que acompañan este editorial hablan por sí solas. Embarcaciones abandonadas, cascos deteriorados y barcos que permanecen durante semanas, meses y años en la playa sin que se resuelva su retirada. Una estampa que convierte determinados espacios del litoral sanluqueño en algo más parecido a un desguace improvisado que a una playa de un municipio que presume, con razón, de su patrimonio natural.
Bonanza es mucho más que una franja de arena junto al río. Es un espacio vinculado históricamente a la pesca, al trabajo de sus gentes y a una identidad marinera que forma parte de Sanlúcar. Precisamente por eso resulta difícil asumir como normal que algunas zonas acumulen embarcaciones deterioradas , chatarras y elementos que degradan el paisaje y plantean interrogantes sobre su impacto ambiental.
Porque una embarcación abandonada no es un elemento decorativo. Su estado de conservación, los materiales que desprenda y la posible presencia de combustibles, aceites u otros residuos requieren una evaluación y una respuesta adecuadas. No se trata de afirmar que cada barco encallado esté contaminando el agua, sino de preguntarse por qué se permite que estas situaciones se prolonguen sin una solución visible. Y la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve defender el Guadalquivir frente a las amenazas futuras si no somos capaces de atender los problemas que ya están a la vista?
Contra los vertidos mineros, sí. Contra el abandono, también.
La movilización celebrada ayer en Sevilla puso el foco en los proyectos de reapertura de las minas de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces y en sus posibles vertidos al estuario. Las organizaciones convocantes reclamaron paralizar cautelarmente las autorizaciones relacionadas con esos vertidos y establecer una moratoria para nuevos permisos mineros que puedan afectar a la cuenca.
Es una reivindicación que merece atención, información rigurosa y controles ambientales exigentes. Pero la defensa del río no puede convertirse en una fotografía puntual ni en una bandera que se agita cuando el problema ocupa titulares.
La protección del Guadalquivir exige mirar también hacia sus márgenes, sus desembocaduras, sus playas y sus zonas de actividad pesquera. Exige vigilar los vertidos, controlar los residuos, retirar las embarcaciones que deban retirarse y aclarar qué administración tiene la competencia y la responsabilidad en cada caso.
Y aquí es donde Sanlúcar tiene una responsabilidad especial. Su Ayuntamiento debe impulsar las actuaciones que estén a su alcance, exigir la intervención de las administraciones competentes cuando corresponda y ofrecer explicaciones públicas sobre las medidas adoptadas para recuperar y conservar el litoral.
La alcaldesa, Carmen Álvarez, acudió ayer a Sevilla para defender el Guadalquivir. Bien está. Pero la defensa del río también debe traducirse en actuaciones concretas en el municipio al que representa. No basta con denunciar lo que otros podrían hacer mañana si no se atiende lo que lleva tiempo ocurriendo a la vista de todos.
El Guadalquivir no necesita solo pancartas
Hay una contradicción difícil de ignorar: reclamamos que nadie comprometa el futuro del estuario mientras algunos rincones de nuestro litoral parecen condenados a convivir con el abandono. Combatir una amenaza no obliga a restar importancia a las demás. Al contrario: obliga a mantener la misma exigencia frente a todas.
Sanlúcar no puede permitirse una defensa del medio ambiente a la carta. El río es un ecosistema, pero también es paisaje, economía, cultura y vida cotidiana. Y protegerlo implica tanto anticiparse a los riesgos de los vertidos mineros como actuar frente a la acumulación de residuos y las embarcaciones abandonadas que degradan sus playas.
La cuestión no es enfrentar la manifestación de Sevilla con la realidad de Bonanza. La cuestión es exigir coherencia entre ambas. Que nadie utilice los problemas del litoral para desacreditar una movilización legítima. Pero que nadie utilice tampoco esa movilización para dar por cumplido su compromiso ambiental.
Porque el Guadalquivir no se defiende únicamente caminando junto a él en Sevilla. También se defiende cuando se pisa la arena de Bonanza y se exige que deje de parecer un vertedero y un desguace de pequeñas embarcaciones. Y esa batalla, a diferencia de la manifestación de ayer, no termina cuando se recoge la última pancarta.
