La documentación registral, fechada el 6 de octubre de 2026, acredita que la concejala de Urbanismo de IU continúa siendo copropietaria del inmueble de la calle Tartaneros. Su situación patrimonial reabre el debate sobre la política municipal de regulación de los pisos turísticos y contrasta con la respuesta de su partido, que calificó de «bulo» la información publicada por este medio
Redacción, 16 de octubre de 2026. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Pozo Vallecillos (Izquierda Unida), continúa figurando como copropietaria de una vivienda de uso turístico situada en la calle Tartaneros número 4, según la documentación del Registro de la Propiedad consultada por SANLÚCAR AHORA, con fecha de 6 de octubre de 2026.
Los datos registrales confirman que la edil mantiene su participación en este inmueble, una cuestión que adquiere especial relevancia por las competencias que ejerce al frente del área municipal de Urbanismo y por el debate abierto en Sanlúcar sobre el crecimiento de los alojamientos turísticos y su posible incidencia en el acceso a la vivienda residencial.
Esta información actualiza la publicada por este medio el pasado 2 de octubre, cuando SANLÚCAR AHORA informó de que Carmen Pozo figuraba como copropietaria de una vivienda de uso turístico en el centro de la ciudad. Según la documentación entonces consultada, la concejala posee una tercera parte del inmueble junto a otros dos familiares. La vivienda figura, además, en el registro autonómico de alojamientos turísticos de la Junta de Andalucía
La documentación registral contradice la versión difundida por IU
La confirmación registral vuelve a situar en el centro de la polémica la respuesta ofrecida por Izquierda Unida después de la publicación de la primera información. La formación calificó de «bulo» la noticia difundida por este periódico, cuestionando así la información relativa a la vinculación patrimonial de la responsable municipal de Urbanismo con una vivienda turística.
Sin embargo, la documentación del Registro de la Propiedad fechada el 6 de octubre acredita que Carmen Pozo sigue siendo titular de una parte del inmueble de la calle Tartaneros.
La existencia de esta titularidad constituye un dato documental verificable. La controversia política se centra ahora también en la respuesta del partido ante una información que SANLÚCAR AHORA sostiene con documentación registral.
Cuatro inmuebles en su patrimonio declarado
La vivienda turística no es el único inmueble que aparece vinculado al patrimonio de la concejala. La comparación de la declaración de bienes presentada en 2023 con los datos patrimoniales actualmente disponibles para este medio refleja diferencias en el número de propiedades e inmuebles declarados.
La información adquiere relevancia pública por tratarse de una concejala con responsabilidades directas en la ordenación urbanística de la ciudad y por el debate que mantiene abierto el Ayuntamiento sobre los usos residenciales y turísticos del parque inmobiliario.
El discurso sobre el acceso a la vivienda, bajo escrutinio
La situación también abre un debate político sobre la coherencia entre el discurso de Izquierda Unida en materia de vivienda y la situación patrimonial de una de sus representantes en el Gobierno local.
La formación ha defendido la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda asequible y ha señalado en distintas ocasiones los problemas que puede generar la proliferación de alojamientos turísticos. La existencia de una participación de la concejala de Urbanismo en una vivienda destinada a esta actividad plantea interrogantes sobre cómo se concilian esos objetivos políticos con los intereses patrimoniales particulares.
La titularidad de varios inmuebles no implica por sí sola ninguna irregularidad ni permite atribuir a la concejala una conducta ilegal. Tampoco acredita automáticamente que reúna la condición jurídica de gran tenedora de vivienda, cuya determinación exige comprobar los criterios legales aplicables y las circunstancias concretas de las propiedades.
El debate se sitúa, por tanto, en el terreno de la transparencia, la coherencia política y la gestión de los posibles conflictos de intereses, especialmente cuando las decisiones urbanísticas pueden afectar a la actividad económica vinculada a los inmuebles.
Sin medidas municipales anunciadas para regular los pisos turísticos
La polémica coincide con la ausencia, hasta la fecha, de medidas municipales anunciadas que hayan culminado en una regulación específica de las viviendas de uso turístico en Sanlúcar.
En noviembre de 2024, la alcaldesa, Carmen Álvarez, advirtió de la expansión de este tipo de alojamientos y defendió la necesidad de estudiar mecanismos urbanísticos para controlar su crecimiento. El Gobierno local había planteado entonces actuar mediante modificaciones de las normas urbanísticas y medidas de control sobre las inscripciones existentes.
Sin embargo, el debate continúa abierto y la regulación sigue siendo una de las principales reclamaciones de distintos sectores políticos y sociales.
El PSOE reclamó en agosto de 2026 que el Ayuntamiento pusiera en marcha medidas para regular las viviendas turísticas, mientras que el PP también ha defendido la aprobación de una ordenanza municipal para abordar su proliferación.
En este contexto, la responsabilidad recae políticamente sobre el área de Urbanismo que dirige Carmen Pozo, encargada de impulsar y tramitar las decisiones municipales en esta materia.
La falta de avances anunciados plantea una cuestión de gestión pública: qué medidas prevé adoptar el Ayuntamiento, con qué calendario y mediante qué instrumentos pretende compatibilizar la actividad turística con la protección del uso residencial y el acceso a la vivienda.
