REDACCIÓN, 19 DE FEBRERO DE 2026.- El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado por el Gobierno para atender a los afectados por las últimas borrascas. Esta norma contempla un conjunto de medidas por valor de más de 7.000 millones € que beneficiará a municipios de Andalucía y Extremadura.
La provincia de Cádiz ha sido una de las más afectadas, con inundaciones en muchos municipios y terrenos agrícolas, daños en comercios, viviendas e infraestructuras y en torno a 7.000 desalojados de los más de 12.400 desplazados de sus casas. Por lo tanto, buena parte de los 7.000 millones de euros destinados a la reconstrucción tendrán destino en nuestra provincia.
Las medidas del Real Decreto-ley beneficiarán a los diferentes sectores afectados por el temporal, especialmente a los ciudadanos y familias, aunque alcanzarán todos los sectores con un amplio paquete de ayudas económicas, sociales, fiscales y laborales.
La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha informado esta mañana del alcance de estas ayudas. “Desde el primer momento el Gobierno de España ha estado con los afectados, actuando de manera inmediata para atender los efectos urgentes del temporal con todos los efectivos puestos a disposición (Policía Nacional, Guardia Civil, UME, Carreteras, DGT, Costas, expertos científicos del CSIC…) coordinándose con todas las administraciones”.
“Este Gobierno seguirá con los damnificados, movilizando todos los recursos que sean necesarios para ayudar a reconstruir todos los lugares e infraestructuras dañadas y apoyando a las personas afectadas”, ha indicado blanca Flores.
Se establecen ayudas directas de 150 euros por persona y día para las personas que han sido desalojadas, además de ayudas destinadas a paliar daños personales y daños en viviendas y enseres y en industrias o comercios. TRAGSA y Correos prestarán asistencia a los ayuntamientos y a los vecinos para la tramitación de las ayudas.
Los daños se abonan con un máximo de 60.480 euros por destrucción total de vivienda habitual, modificando el máximo del 50% que había anteriormente para este tipo de ayudas. Igualmente, se contempla sufragar daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal hasta un máximo de 36.896 euros.
Las ayudas de este Real Decreto-ley no computarán como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital y están exentas de tributación en el IRPF, al igual que el del impuesto de Sociedades para las empresas.
Se contempla una reconstrucción integral en daños sufridos en ayuntamientos, para reparación y reconstrucción de infraestructuras municipales por medio de transferencias directas, no préstamos. Por primera vez se contempla el anticipo del 100% de la ayuda de emergencia, previa petición del Ayuntamiento, para que las entidades locales no tengan que adelantar fondos.
Hay medidas específicas para el sector primario destinadas a paliar las pérdidas sufridas en la agricultura, la ganadería y la pesca. Desde la reducción excepcional del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio y a la renta agraria, que pasa de 35 a 5, a las ayudas de hasta el 30% de lo declarado en 2025, con un máximo de 25.000 euros para todas las explotaciones agrarias y ganaderas de los 45 municipios de la provincia. También se recogen apoyos específicos para el sector pesquero en la provincia de Cádiz.
En materia de infraestructuras, la norma prevé actuaciones de reparación de la capacidad productiva a través de la restauración de caminos e infraestructuras asociadas y recuperación de comunidades de regantes afectadas a través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa.
A ello se suma otro paquete de ayudas destinado a la reparación de cauces fluviales y costeros, así como a infraestructuras hidráulicas municipales, abastecimientos y playas, además de la reconstrucción de las redes de carreteras del Estado y de las infraestructuras ferroviarias dañadas.
Se establecerán ayudas para negocios que han registrado pérdidas y daños por las inundaciones, y los beneficiarios serán autónomos y empresas de la hostelería, hospedaje y comercio minorista. Se hace una excepción con Grazalema, donde las ayudas beneficiarán a todo tipo de actividad.
La norma incorpora igualmente medidas laborales y de Seguridad Social dirigidas a proteger a trabajadores, autónomos y empresas afectadas por las inundaciones. Entre ellas se encuentra la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos, exenciones y moratorias en las cotizaciones a la Seguridad Social, la activación de los ERTE por causa de fuerza mayor y la exención total de cotizaciones sociales para las empresas y autónomos con actividad suspendida o reducida, junto con la prohibición de despidos en las empresas beneficiarias.
Este paquete de medidas se suma a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil (ZAGEPC), aprobada el pasado 10 de febrero en Consejo de ministros.
El plazo para la presentación de solicitudes comienza mañana, será por un periodo inicial de tres meses, y para agilizar la tramitación se reforzará el personal encargado de la gestión de subvenciones.
El Real Decreto-ley constituye una respuesta integral del Gobierno de España ante una situación de emergencia y la Administración General del Estado, a través de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, estará a disposición de los ayuntamientos para facilitar la tramitación de las ayudas y contribuir a una recuperación lo más ágil posible en toda la provincia, atendiendo las necesidades derivadas de los daños ocasionados por los temporales.
