Este medio ha tenido acceso a documentación oficial que confirma que la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Pozo (Izquierda Unida), figura como titular de tres viviendas, una de ellas una Vivienda de Uso Turístico (VUT), precisamente en un momento en el que el Gobierno local mantiene abierto el debate sobre la limitación y la regulación por el ayuntamiento de este tipo de alojamientos
Redacción, 2 de octubre de 2026.- La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Pozo (IU), figura como co-propietaria de una vivienda de uso turístico en la calle Tartaneros, según consta en documentación oficial del registro de la propiedad a la que ha tenido acceso SANLÚCAR AHORA. Además esta misma vivienda y referencia catastral figuran como vivienda de uso turístico autorizada, en el registro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
La edil posee una tercera parte de este inmueble junto a otros dos familiares. Según la referencia catastral se trata de un ático de 75,87 metros cuadrados, con un dormitorio, una terraza de 23 metros cuadrados y un patio en planta castillete de 9 metros cuadrados, destinado al alquiler turístico; unos datos que no coinciden con lo publicado y autorizado en el portal de la Junta, donde figura esta misma referencia catastral con 4 habitaciones dobles.
La declaración patrimonial de Carmen Pozo también recoge la titularidad de otros dos inmuebles, entre ellos una finca familiar situada en la calle Benegil, una antigua casa bodega de cargadores de Indias del siglo XVII, conocida popularmente como “Mesón Pozo”, donde se ha proyectado y anunciado la promoción de un edificio de 22 viviendas de 1 y 2 dormitorios que presumiblemente no van a ser destinadas a familias de Sanlúcar, sino a alojamientos turísticos dadas sus particularidades.
Este proyecto ha generado controversia por su ubicación en el Conjunto Histórico de Sanlúcar y por afectar a una antigua casa-bodega incluida en el Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU con nivel de Protección Global. Diversas voces del ámbito patrimonial han mostrado preocupación por la posible pérdida de elementos arquitectónicos originales, entre ellos espacios vinculados a la antigua bodega y parte de la organización histórica del inmueble.
La polémica se produce además en un contexto de creciente debate ciudadano sobre el acceso a la vivienda en el centro histórico de Sanlúcar, donde el aumento de los alojamientos turísticos ha sido identificado por el propio Gobierno municipal como uno de los factores que presionan el mercado residencial.
Un debate abierto en el propio Ayuntamiento
La cuestión adquiere especial relevancia porque el Gobierno municipal viene defendiendo desde hace meses la necesidad de actuar ante el crecimiento de las viviendas turísticas en Sanlúcar.
En noviembre de 2024, la alcaldesa Carmen Álvarez, alertó públicamente de la existencia de más de 1.400 viviendas turísticas registradas en la localidad y defendió la necesidad de adoptar medidas para evitar las tensiones que este fenómeno puede provocar en el mercado residencial. La regidora anunció entonces que la GMU tramitaría modificaciones de las normas urbanísticas para limitar la compatibilidad de estos usos, además de impulsar mecanismos de control y verificación de las inscripciones existentes.
El propio Ayuntamiento argumentó que la proliferación de viviendas turísticas estaba generando dificultades para acceder a viviendas de alquiler a precios asequibles y que resultaba necesario estudiar cambios en el planeamiento urbanístico para afrontar esta situación.
Sin embargo un año después de la ruptura del pacto con el PSOE, la alcaldesa Carmen Álvarez nombró como concejala de Urbanismo a Carmen Pozo, atribuyéndole todas las competencias de control en esta materia.
En este sentido y dos años después de aquellos anuncios, la participación patrimonial de la responsable de Urbanismo en una vivienda turística y en la promoción de 22 viviendas destinada precisamente a este mercado, puede alimentar el debate sobre una posible contradicción política entre el discurso institucional y los intereses patrimoniales declarados por quien tiene competencias en materia urbanística.
Los pisos turísticos, se tripilican
El crecimiento de las viviendas turísticas en Sanlúcar ha sido vertiginoso. Según el propio Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento, antes de 2019 había 361 viviendas con fines turísticos registradas; en 2022 ya eran 747, en 2023 alcanzaron las 939 y en 2024 llegaron a 1.135 viviendas y 6.524 plazas. Es decir, en apenas unos años el número de viviendas turísticas registradas se ha triplicado. El problema puede ser aún mayor: un estudio encargado por el propio Ayuntamiento llegó a estimar la posible existencia de alrededor de 3.000 viviendas turísticas no registradas.
La propia Carmen Álvarez reconoció públicamente que estos alojamientos dificultan el acceso de los sanluqueños a alquileres asequibles y anunció medidas para limitar su proliferación. El problema que Carmen Álvarez decía querer frenar es ahora responsabilidad de su Gobierno y del área de Urbanismo que ella misma puso en manos de Carmen Pozo.
Posible conflicto de intereses y debate ético
La existencia de esta participación no implica por sí misma ninguna ilegalidad ni incompatibilidad conocida. No obstante, distintas fuentes consultadas por este medio consideran que la situación puede abrir un debate sobre un posible conflicto de intereses o, al menos, sobre la conveniencia de que la máxima responsable política del Urbanismo municipal mantenga participación patrimonial en una actividad cuya expansión pretende ser objeto de regulación pública.
La cuestión cobra aún más relevancia porque la futura limitación o modificación de usos urbanísticos relacionados con las viviendas turísticas podría afectar directamente a propietarios de este tipo de inmuebles en Sanlúcar.
Por este motivo, la situación puede ser interpretada desde el ámbito político como una contradicción entre la responsabilidad pública de ordenar y restringir determinados usos urbanísticos y la existencia de intereses económicos particulares vinculados a esos mismos usos.
Una cuestión de interés público
La copropiedad de la concejala en una vivienda turística y la titularidad de otro inmueble en la que ella misma forma parte de la promoción familiar de estas 22 viviendas, una promoción objeto de debate patrimonial sitúan el foco sobre la relación entre las responsabilidades públicas y los intereses patrimoniales de los cargos políticos.
Especialmente en una ciudad donde el propio Gobierno local ha defendido la necesidad de revisar el modelo de crecimiento de las viviendas turísticas y donde la Gerencia Municipal de Urbanismo ha asumido el papel de impulsar futuras medidas regulatorias para controlar su expansión.
Por el momento, no consta pronunciamiento público de Carmen Pozo sobre esta cuestión ni sobre si tiene previsto abstenerse en futuras decisiones que puedan afectar al sector de las viviendas de uso turístico.
La participación patrimonial de la concejala en una vivienda destinada precisamente a la actividad cuya expansión pretende regular el Ayuntamiento abre el debate sobre la conveniencia política de que quienes impulsan restricciones sobre estos alojamientos mantengan intereses económicos en este sector.
