Hay veranos en los que las ciudades huelen a salitre. Otros huelen a jazmín. Y algunos, como este, desprenden un aroma mucho más difícil de disimular: el del silencio.
Sanlúcar vive instalada en esa extraña estación donde todo parece suceder al mismo tiempo y, sin embargo, nada importante parece merecer una explicación. Hay conciertos, procesiones, festivales, fotografías institucionales, abanicos, sombrillas, inauguraciones y sonrisas de temporada. La agenda oficial bulle de actividades mientras la política municipal practica el deporte favorito de quienes confunden gobernar con esperar a que escampe: callar.
Porque mientras los vecinos hablan en las terrazas, en las colas del mercado o bajo las sombrillas, el Gobierno municipal de IU guarda un silencio casi litúrgico ante uno de los episodios políticos más delicados del mandato: la imputación del concejal de Fiestas, Narciso Vital, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el contrato de la sal de la Alfombra de la Caridad. Un asunto que trasciende el nombre de un edil. Lo que está en juego no es únicamente la situación judicial de una persona, sino la confianza que los ciudadanos depositan en quienes administran el dinero público.
No se pide una condena anticipada. Sería profundamente injusto. La presunción de inocencia constituye uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho y debe respetarse escrupulosamente. Pero entre condenar y callar existe un amplio territorio llamado responsabilidad política. Y ese territorio, hoy, parece deshabitado.
Resulta llamativo comprobar cómo la maquinaria institucional encuentra tiempo para promocionar cualquier acto festivo, cualquier agenda cultural o cualquier fotografía de verano, pero no dedica una sola explicación pública a un asunto que inevitablemente preocupa a muchos ciudadanos. Como si el calendario pudiera sustituir a la transparencia. Como si el calor derritiera las preguntas. Como si el mes de julio tuviera la capacidad de archivar las dudas.
Quizá alguien piense que el verano es el mejor escondite para las noticias incómodas. Que entre playas, ferias y vacaciones la memoria colectiva se vuelve más indulgente. Es una vieja tentación política: confiar en que el ruido ambiente haga desaparecer aquello que no conviene responder.
Pero las instituciones no pueden gobernarse como quien espera que cambie el viento en la desembocadura del Guadalquivir. La confianza pública no se conserva escondiendo los problemas debajo de una alfombra —aunque esta sea de sal—, sino afrontándolos con explicaciones claras, serenidad y respeto hacia quienes sostienen con sus impuestos el funcionamiento del Ayuntamiento.
A ese silencio institucional se suma otro hecho difícil de ignorar. Pese a los reiterados intentos de Sanlúcar Ahora por conocer la valoración del Ejecutivo local sobre este asunto, hasta la fecha no ha sido posible obtener una respuesta. Ni la alcaldesa ha querido pronunciarse sobre las implicaciones políticas de esta investigación judicial, ni el propio concejal de Fiestas, Narciso Vital, ha ofrecido una valoración pública sobre unos hechos que han provocado una lógica inquietud en la ciudad. Nadie les exige que interfieran en la labor de la Justicia. Lo que sí puede exigir la ciudadanía es una explicación política, un ejercicio de transparencia y una mínima rendición de cuentas. Porque gobernar también consiste en dar la cara cuando llegan las malas noticias.
El silencio institucional nunca es neutro. Siempre comunica algo. A veces transmite prudencia; otras, incomodidad. En demasiadas ocasiones proyecta la sensación de que el problema no es lo ocurrido, sino que los ciudadanos lleguen a enterarse.
Y mientras tanto, Sanlúcar continúa. Como siempre. Con sus calles llenas de vida, sus turistas, sus carreras hacia la playa al caer la tarde y sus vecinos comentando aquello que nadie parece dispuesto a explicar oficialmente. Porque los ciudadanos tienen una mala costumbre para algunos gobernantes: preguntan. Comparan. Recuerdan.
El verano pasará. Las fiestas terminarán. Los escenarios se desmontarán y las luces acabarán apagándose. Lo que permanecerá será una cuestión mucho más incómoda que cualquier titular: si quienes gobiernan creen que el silencio puede sustituir a la rendición de cuentas.
La respuesta, tarde o temprano, no la dará un comunicado. La darán los ciudadanos en mayo de 2027 en las urnas.
