Hay escenas que valen más que cien discursos. Pequeños episodios que, como una fotografía mal iluminada, revelan la verdad de quien posa en ella. Lo ocurrido estos días en el Ayuntamiento de Sanlúcar pertenece a esa categoría.
Los representantes de los trabajadores municipales convocan una reunión para hablar de un problema serio: la escasez de efectivos en la Policía Local. Un asunto que no es menor cuando se aproxima la Semana Santa y la ciudad se prepara para días de calles llenas, actividad económica y responsabilidades públicas. A la cita acuden los grupos de la oposición. Todos.
Todos, menos el gobierno municipal.
Pero la cosa no termina ahí. Porque no basta con no ir. El paso siguiente es impedir que la reunión se celebre en una sala del Ayuntamiento, obligando a los asistentes a sentarse donde buenamente pueden, en el Patio de Columnas, como si aquello fuera una tertulia improvisada en una plaza cualquiera.
Conviene recordarlo, por si alguien lo ha olvidado: el Ayuntamiento no es propiedad de la alcaldesa. Ni de su partido. Ni de ningún gobierno de turno. Es un edificio público pagado con el dinero de todos los ciudadanos. Un lugar que debería estar abierto al debate, al acuerdo y, sobre todo, al sentido común.
Sin embargo, la alcaldesa Carmen Álvarez suele hablar con frecuencia de “tender la mano” y de “negociar de buena fe”. Palabras bonitas. De esas que suenan bien en una rueda de prensa o en un discurso de salón. El problema es que las palabras, cuando no las acompañan los hechos, acaban convirtiéndose en humo.
Porque si de verdad se quiere dialogar, lo primero que se hace es abrir la puerta, no cerrarla.
Ese gesto —prohibir una sala del Ayuntamiento a trabajadores y representantes públicos— no es una simple anécdota. Es un desprecio institucional y, lo que es peor, un síntoma de una manera de entender el poder poco amiga de la cultura democrática.
Mientras tanto, los problemas siguen ahí, tercos como siempre. Falta de personal, servicios públicos que no llegan, una administración que se atasca y una ciudad que necesita decisiones.
Y no, los problemas no se resuelven con fotos, con celebraciones ni con discursos cargados de palabras grandilocuentes. Se resuelven hablando, escuchando y, en ocasiones, cediendo. Es decir, haciendo política de verdad.
Pero para eso hace falta altura institucional. Y también algo más escaso: respeto por las instituciones y por quienes representan a los ciudadanos y a los trabajadores.
Porque cuando se impide que unos y otros se reúnan en su propio Ayuntamiento —ese lugar que durante décadas se ha llamado, con razón, la casa del pueblo— ya no estamos ante un simple desencuentro político. Estamos ante otra cosa.
Estamos ante la peligrosa tentación de confundir gobernar con mandar. Y de creer que una institución pública es un despacho con llave propia. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser la falta de policías, o de funcionarios, o de soluciones. El problema pasa a ser quién tiene la llave de la puerta… y qué piensa hacer con ella.
