Apenas restan siete días para que la primera trabajadera se levante en Sanlúcar y el aroma a incienso empiece a conquistar cada rincón de nuestro casco histórico. Sin embargo, lo que debería ser una cuenta atrás de júbilo y preparativos logísticos se ha convertido en una crónica de la incertidumbre más absoluta. La gestión de la alcaldesa, Carmen Álvarez, atraviesa un momento crítico en el que las prioridades municipales parecen haber perdido el norte, o al menos, el sentido más elemental de la urgencia institucional.
Resulta flagrante, por no decir temerario, que a una semana vista del Domingo de Ramos el Ayuntamiento mantenga un muro de silencio frente a las reivindicaciones del sindicato de la Policía Local. Mientras las hermandades ultiman sus itinerarios, ajustan sus horarios y los sectores hostelero y turístico se frotan las manos ante la previsión de un lleno absoluto, el cuerpo encargado de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la fluidez del tráfico se encuentra en un limbo negociador que nadie parece querer resolver. La pregunta que hoy flota en la ciudad no es baladí ni alarmista: ¿Quién va a proteger nuestras procesiones?
El desconcierto es total y las soluciones que empiezan a filtrarse desde los mentideros municipales son, cuanto menos, inquietantes. ¿Contempla seriamente el equipo de gobierno la contratación de seguridad privada para cubrir funciones que competen por ley exclusivamente a las fuerzas de orden público?, o ¿se va a trasladar la presión de la falta de planificación local a la Policía Nacional, asumiendo que el Estado debe parchear las carencias de gestión de la Plaza del Cabildo?. La seguridad en eventos de masas, con calles estrechas y miles de personas en movimiento, no admite improvisaciones de última hora ni «parches» voluntariosos. Cualquier fisura en el dispositivo puede convertir una jornada de fervor en un problema de orden público de dimensiones imprevisibles.
Lo que verdaderamente indigna al ciudadano es el sangrante agravio comparativo en la agenda de la regidora. Esta misma semana, mientras el conflicto policial se encuentra en punto muerto por la falta de diálogo y la ausencia de una mesa de negociación real, Carmen Álvarez encontraba tiempo, sosiego y una sonrisa para reunirse con los caseteros. El objetivo: recabar opiniones y pulir detalles sobre el montaje de la Feria de la Manzanilla.
Nadie en esta ciudad cuestiona que nuestra feria de mayo sea un pilar de nuestra identidad y un motor económico fundamental, pero resulta un insulto a la lógica administrativa priorizar la estética del Real de dentro de dos meses cuando la integridad física de los sanluqueños para la semana que viene está en el aire.
Gobernar no es solo hacerse la foto de rigor en las reuniones que resultan amables y festivas; gobernar es, ante todo, gestionar las crisis, asumir las competencias propias y sentarse a la mesa con quienes plantean los problemas más espinosos. La política de «patada hacia adelante» tiene las patas muy cortas cuando el calendario aprieta.
Sanlúcar no puede permitirse una Semana Santa bajo mínimos, ni experimentos de seguridad que pongan en jaque el prestigio de nuestra Semana Mayor. La alcaldesa tiene siete días para bajar del albero imaginario de la feria y pisar el asfalto de la realidad. El tiempo de las buenas palabras y las reuniones sectoriales de conveniencia se ha agotado; ahora solo valen los acuerdos, las firmas y la responsabilidad de Estado a escala local. El pueblo de Sanlúcar, sus cofrades, sus comerciantes y sus visitantes no perdonarán que la desidia política empañe, por primera vez en años, la luz y la seguridad de nuestra Pasión.
SANLÚCAR AHORA
