Los extrabajadores municipales reclaman al Gobierno de Carmen Álvarez que ejecute las resoluciones judiciales que ordenan su reincorporación inmediata y denuncian que siguen sin recuperar sus puestos de trabajo
Redacción, 7 de noviembre de 2026.– Los doce conserjes despedidos por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda volvieron a protagonizar ayer una concentración de protesta para reclamar al Gobierno municipal de Izquierda Unida el cumplimiento de las resoluciones judiciales que han dado la razón a varios de los trabajadores y establecen su readmisión inmediata.
Los extrabajadores, acompañados por su representación jurídica y representantes del PSOE de Sanlúcar, volvieron a hacer pública su reivindicación y exigieron al equipo de Gobierno que acate las decisiones judiciales y permita su regreso a los puestos de trabajo de los que fueron cesados.
La protesta se produce después de que varios juzgados de lo Social hayan declarado nulos algunos de estos despidos, al apreciar vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación. Una de las sentencias conocidas condenaba al Ayuntamiento a readmitir a una de las trabajadoras, además de abonar 32.135,69 euros en salarios dejados de percibir y otros 3.000 euros por daños morales.
El conflicto afecta a doce conserjes temporales que fueron despedidos por el Consistorio en agosto de 2025. Los afectados llevan meses reclamando una solución y denunciando lo que consideran un trato desigual respecto a otros trabajadores municipales que se encontraban en circunstancias laborales similares.
La concentración de ayer vuelve a situar el conflicto en el centro del debate municipal, especialmente después de que la oposición llevara al Pleno una iniciativa para reclamar la reincorporación de los despedidos. Los trabajadores sostienen que el cumplimiento de las resoluciones judiciales no debería demorarse y reclaman al Gobierno local que deje de aplazar su regreso.
El conflicto también tiene una importante repercusión económica para las arcas municipales. El PSOE de Sanlúcar ha cifrado en más de un millón de euros el posible coste global de este proceso judicial, teniendo en cuenta los salarios dejados de percibir, las posibles indemnizaciones por daños morales y las cotizaciones sociales. Se trata de una estimación del grupo socialista, que podría variar en función de las resoluciones pendientes y de las cantidades que finalmente se reconozcan a cada afectado.
La protesta fue recogida por las cámaras de SANLÚCAR AHORA, ante las que los afectados reiteraron sus reivindicaciones. La pregunta que sigue sobre la mesa es cuándo piensa el Ayuntamiento ejecutar las sentencias y devolver a estos trabajadores a sus puestos.
