Redacción, 27 de julio de 2026.- El Pleno ordinario de julio del Ayuntamiento de Sanlúcar volvió a convertirse este lunes en un examen a la gestión del Gobierno local de Izquierda Unida. Aunque la sesión comenzó con la toma de posesión de José Bernal Hidalgo como nuevo concejal del Grupo Municipal Socialista y transcurrió con la aprobación de numerosos asuntos por unanimidad, el debate se concentró en la situación económica del Consistorio, la política de personal y la falta de respuestas del Ejecutivo municipal a buena parte de las cuestiones planteadas por la oposición.
El ambiente se fue caldeando conforme avanzaba el orden del día, especialmente durante el análisis de los informes económicos.
La morosidad aumenta y la oposición habla de «mala gestión»
El punto más tenso de la sesión llegó con el informe de Tesorería sobre morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2026. Los datos reflejan que el periodo medio de pago a proveedores ha pasado de 44 a 55 días, un incremento que provocó un duro intercambio de reproches entre Gobierno y oposición.
El Partido Popular calificó la evolución de la morosidad de «escalofriante«, asegurando que «en solo seis meses la morosidad se ha incrementado en dos millones de euros« y advirtiendo de que tanto el Ministerio de Hacienda como los propios técnicos municipales alertan de posibles sanciones si continúa esta tendencia.
PSOE y Vox se sumaron a las críticas, acusando al Gobierno municipal de una deficiente gestión económica.
Por su parte, el delegado de Hacienda justificó el incremento asegurando que se debe al reconocimiento de facturas pendientes incluidas en la denominada cuenta 413 y afirmó que en el próximo trimestre esperan bajar de los 30 días de media de pago. Una explicación que no convenció a ninguno de los grupos de la oposición, que reprocharon al Ejecutivo que el Ayuntamiento vuelva a alejarse del plazo legal de pago mientras continúa defendiendo que la situación financiera municipal es positiva.
Un Ayuntamiento con superávit… pero sin Presupuesto
Las críticas se intensificaron al abordar la ausencia de un Presupuesto para 2026.
El Partido Popular denunció que, a finales de julio, el Gobierno de Carmen Álvarez sigue sin presentar siquiera un borrador de las nuevas cuentas municipales y acusó al Ejecutivo de «estar vendiendo a los vecinos y asociaciones una situación irreal de las arcas municipales». Los populares recordaron además que ya se han aprobado 47 modificaciones presupuestarias sobre unas cuentas prorrogadas, pese a existir un superávit cercano a los 15 millones de euros.
El PSOE fue igualmente contundente. Los socialistas aseguraron que «han recibido un caramelo« desde el punto de vista económico porque «tenemos 26 millones de euros en los bancos y no es que no haya liquidez, es que no saben gestionar», lamentando además que ese superávit no se esté destinando a la construcción de vivienda pública, tal y como, recuerdan, aprobó el propio Pleno meses atrás.
Las comisiones de servicio vuelven al centro de la polémica
La política de personal volvió a convertirse en otro foco de confrontación. La oposición cuestionó las numerosas funciones asignadas mediante comisión de servicios a un funcionario de Alcaldía, al que algunos portavoces llegaron a calificar como un «superfuncionario», así como el traslado de trabajadores desde la Gerencia Municipal de Urbanismo al Ayuntamiento, una decisión que, según denunciaron, está dejando importantes carencias en la atención al ciudadano en Urbanismo.
El PSOE también volvió a denunciar que numerosas preguntas formuladas en plenos anteriores siguen sin obtener respuesta y reclamó que el reglamento sobre gratificaciones al personal municipal sea llevado finalmente a Pleno para su aprobación, ante el elevado número de complementos económicos que, a su juicio, se están concediendo.
La filtración de datos acaba en manos de la Policía Nacional
En el turno de preguntas reapareció otro de los asuntos más delicados de las últimas semanas: la presunta filtración de datos personales desde dependencias de la Policía Local.
La alcaldesa, Carmen Álvarez, aseguró que «desde la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento se han puesto en conocimiento los hechos a través de una denuncia ante la Policía Nacional» y defendió la actuación del Consistorio afirmando: «Nosotros no hemos sido«.
La explicación, sin embargo, no despejó las dudas planteadas por la oposición, que reclamó más información sobre lo ocurrido y sobre las posibles responsabilidades internas.
Respuestas por escrito… otra vez
El turno de ruegos y preguntas volvió a evidenciar una práctica que la oposición lleva meses denunciando.
Asuntos como el cumplimiento del contrato de la Ciudad de los Niños, la contratación del Cine de Verano en la playa o distintas cuestiones relacionadas con la gestión municipal recibieron nuevamente la misma contestación por parte del Gobierno local: «Se le contesta por escrito«.
Una respuesta que volvió a provocar el malestar de los grupos de la oposición, que consideran que el Pleno debe servir precisamente para fiscalizar públicamente la acción del Gobierno y obtener explicaciones ante la ciudadanía, y no para aplazar sistemáticamente las contestaciones.
Mociones con escaso contenido municipal
Fuera de los asuntos económicos, el Pleno debatió diversas propuestas presentadas por Vox, el Partido Popular y el PSOE, entre ellas iniciativas sobre ayudas al combustible para autónomos, el repintado de pasos de peatones, iluminación monumental, prevención de incendios, aparcamientos para residentes en Bajo de Guía o una declaración institucional de apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos del pasado mes de junio.
La sesión concluyó con la aprobación, prácticamente por unanimidad, de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a Fernando Hermoso Marín, propietario de Casa Bigote.
El Pleno concluyó con un turno de ruegos y preguntas en el que volvió a quedar patente la preocupación de la oposición por el deterioro de numerosos barrios de la ciudad. La mayoría de las iniciativas estuvieron centradas en reclamar actuaciones urgentes de limpieza, mantenimiento y recuperación de espacios públicos, así como medidas para combatir las plagas, mejorar la estación de autobuses, acondicionar los centros educativos de cara al próximo curso o recuperar la Calzada.
Todo ello en un contexto marcado por las continuas quejas vecinales por la acumulación de basura y la falta de limpieza en distintos puntos del municipio, una imagen que, según denunciaron los grupos de la oposición, resulta impropia de una ciudad turística como Sanlúcar y proyecta un panorama «desolador» tanto para residentes como para los miles de visitantes que recibe cada verano.
