La denuncia realizada por los representantes sindicales de la Policía Local de Sanlúcar sobre la supuesta instalación y funcionamiento de decenas de cámaras de videovigilancia en espacios públicos sin las debidas garantías legales debería haber provocado una reacción inmediata del Ayuntamiento. Sin embargo, hasta el momento, el silencio institucional sigue siendo la única respuesta ofrecida a los ciudadanos.
Y ese silencio resulta cada día más inquietante.
No estamos ante una controversia política menor ni ante una disputa sindical. Lo que los representantes de la Policía Local han puesto sobre la mesa afecta directamente a derechos fundamentales protegidos por la Constitución, entre ellos la intimidad, la protección de datos personales y las libertades públicas. Pero las denuncias van más allá de la videovigilancia.
Los sindicatos policiales también han alertado de la posible utilización o acceso irregular a información sensible contenida en las bases de datos policiales, incluyendo datos personales de ciudadanos, matrículas de vehículos, números de DNI y otra información protegida cuya custodia exige las máximas garantías de seguridad y confidencialidad.
De confirmarse estas acusaciones, la gravedad de los hechos sería extraordinaria.
No estaríamos únicamente ante una posible irregularidad administrativa o un incumplimiento de protocolos internos. Estaríamos ante presuntas vulneraciones del derecho fundamental a la protección de datos, reconocido por la legislación española y europea, con posibles consecuencias disciplinarias, administrativas e incluso penales en función de la naturaleza y alcance de los hechos que pudieran acreditarse.
La protección de los datos personales no es una cuestión burocrática. Es un derecho fundamental. Los ciudadanos confían a las administraciones información especialmente sensible bajo la premisa de que será utilizada exclusivamente para los fines legalmente establecidos y bajo estrictas medidas de seguridad. Cualquier utilización indebida, acceso no autorizado o eventual filtración supondría una quiebra gravísima de esa confianza.Por otro lado, las dudas planteadas sobre el sistema de videovigilancia tampoco pueden despacharse con evasivas.
Si existen cámaras operando en espacios públicos, los sanluqueños tienen derecho a conocer quién las gestiona, quién visualiza las imágenes, dónde se almacenan, durante cuánto tiempo se conservan y bajo qué cobertura legal funcionan.
Precisamente porque hablamos de cuestiones que afectan a derechos fundamentales, el Ayuntamiento tiene la obligación de ofrecer explicaciones claras, transparentes y verificables. La respuesta institucional no puede ser el silencio.
Nadie cuestiona que las nuevas tecnologías puedan contribuir a mejorar la seguridad ciudadana. Pero en un Estado de Derecho la seguridad nunca puede construirse al margen de la legalidad ni a costa de los derechos de los ciudadanos. Ambas deben avanzar juntas.
Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno municipal aclare de forma urgente si las denuncias realizadas por los sindicatos policiales tienen fundamento, qué investigaciones internas se han llevado a cabo y cuáles son las garantías existentes para proteger tanto las imágenes captadas por las cámaras como los datos personales almacenados en los sistemas policiales.
Porque si las acusaciones son infundadas, corresponde despejar cualquier sombra de duda. Y si contienen elementos ciertos, los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad y a exigir las responsabilidades que correspondan.
En cualquiera de los dos escenarios, el silencio no es una respuesta. Es precisamente ese silencio el que alimenta la desconfianza, multiplica las sospechas y debilita la credibilidad de las instituciones. Y cuando están en juego derechos fundamentales, la transparencia no es una opción política: es una obligación democrática.
