REDACCIÓN, 24 DE FEBRERO DE 2026. El Pleno de febrero del Ayuntamiento de Sanlúcar dejó más titulares que acuerdos políticos. La sesión, que ya venía marcada por el precedente bronco del mes anterior, transcurrió entre reproches, debates económicos, reivindicaciones vecinales y un rosario de preguntas que, en más de una ocasión, obtuvieron como respuesta el ya clásico “le contesto por escrito”.
El PSOE y la defensa jurídica de la alcaldesa
Uno de los primeros asuntos espinosos lo puso sobre la mesa el PSOE. Tras su expulsión del pleno anterior, los socialistas solicitaron que el abogado municipal no sea quien defienda a la alcaldesa, Carmen Álvarez, en la demanda interpuesta por presunta vulneración de derechos fundamentales.
El argumento: evitar un posible conflicto de intereses al tratarse de un funcionario municipal. El PSOE pidió que se recurra a un abogado externo para garantizar la imparcialidad del procedimiento.
Presupuesto prorrogado y modificaciones en cascada
La sesión avanzó con uno de los bloques más densos: las modificaciones presupuestarias. Se aprobaron varias sobre el presupuesto prorrogado de 2024, lo que provocó críticas especialmente duras del PP.
Los populares reprocharon el elevado número de cambios introducidos y advirtieron de que estas decisiones “hipotecarán” el presupuesto de 2026. Entre las modificaciones más señaladas están las partidas eliminadas en el capítulo de incentivos a la creación de empresas, una supresión que la oposición considera un golpe al emprendimiento local.
También se dio cuenta del Informe de Intervención de seguimiento al Plan de Ajuste correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Los datos, en frío, son positivos: reducción del endeudamiento bancario hasta el 66%, descenso del periodo medio de pago a proveedores y un remanente positivo de Tesorería de 14 millones de euros. Es decir, el Ayuntamiento presenta actualmente un superávit de 14 millones.
El PSOE reivindicó que esa “gran gestión económica” es fruto de su etapa anterior de gobierno y recordó que el actual Ejecutivo rechazó el pasado año 15 millones de euros en fondos europeos. Desde el PP, sin embargo, se lanzó otra lectura: esos 14 millones se han conseguido —aseguran— “a costa de castigar a la ciudad”, señalando carencias en seguridad, limpieza y salubridad.
Los socialistas, además, matizaron que “no hay que felicitarse por suspender”, en referencia a que el periodo medio de pago sigue siendo superior a los 30 días, pero aún lejos —según su interpretación— de una situación plenamente satisfactoria.
Barrios, socavones y suelo no consolidado
Las reivindicaciones vecinales también ocuparon buena parte del debate. PP y VOX reclamaron actuaciones de mejora en El Palomar y en la calle Palmilla, pese a tratarse de suelo urbano no consolidado.
En el turno de ruegos y preguntas se sumaron más demandas: obras en la carretera de El Puerto, especialmente en los accesos al centro comercial Las Dunas; mejoras en el camino de Carranza y en la calle Don Claudio. El mapa de los socavones y desperfectos volvió a desplegarse en el salón de plenos.
VOX defendió además su plan de regulación de la inmigración, mientras el PP puso el foco en su propuesta de Plan de Juventud.
La halterofilia, nueve meses después
Otro punto caliente fue el local del club de halterofilia. El PSOE criticó que el espacio no esté destinado al fin para el que fue creado y anunció que llevará el asunto a la Diputación, ya que las obras fueron financiadas por este ente supramunicipal.
El recinto lleva nueve meses cerrado, una situación que los socialistas consideran injustificable.
Policía Local: el debate más tenso
Pero si hubo un momento especialmente llamativo fue el relativo a la falta de efectivos en la Policía Local. La alcaldesa reconoció que se están abonando gratificaciones y aseguró que se negocia “de buena fe” con el cuerpo para garantizar la cobertura de la Semana Santa.
Sin embargo, los sindicatos policiales lo niegan. El PSOE lanzó una pregunta directa: si se están contratando conserjes y peones, ¿por qué no se refuerza la plantilla de Policía?
El PP, por su parte, preguntó cuándo se pondrá en marcha el Reglamento municipal de Productividades para controlar estos pagos. Solo el pasado mes se abonaron 39.000 euros en este concepto a personal municipal, una cifra que la oposición considera elevada y necesitada de mayor regulación.
Hermandades y sanciones
La sesión también abordó las denuncias que están recibiendo hermandades de la ciudad por eventos celebrados en la vía pública el pasado año, con sanciones que pueden alcanzar los 30.000 euros. El PP criticó que estos actos se realizaron con el beneplácito del Gobierno local y en un contexto de falta de efectivos policiales.
Entre broncas, balances económicos positivos con lecturas opuestas, barrios pendientes de obras y respuestas aplazadas “por escrito”, el Pleno de febrero volvió a reflejar un Ayuntamiento donde la estabilidad numérica no evita la tensión política. En Sanlúcar, el superávit convive con los socavones… y con un debate que, lejos de cerrarse, parece enquistarse mes tras mes.
