La actuación de la regidora, que crea un grave precedente, podría derivar en acciones legales del PSOE por vulneración de derechos fundamentales
Redacción, 26 de enero de 2026.- El Pleno municipal celebrado este lunes en Sanlúcar de Barrameda concluyó con un hecho sin precedentes en la actual etapa democrática: la expulsión del Grupo Municipal Socialista del máximo órgano de representación política del Ayuntamiento.
La sesión, marcada desde sus primeros compases por un clima de elevada tensión, derivó en una situación inédita tras la decisión de la alcaldesa-presidenta, Carmen Álvarez (IU), de ordenar el silenciamiento del micrófono del portavoz socialista y requerir al conjunto del grupo que abandonara el salón de plenos antes de la finalización del debate.
Los hechos se produjeron durante el turno de ruegos y preguntas, cuando el portavoz del PSOE, Víctor Mora, interpeló al equipo de gobierno sobre diversos asuntos de gestión municipal. Entre ellos, el estado del contrato de mantenimiento de los ascensores de edificios municipales y centros educativos, después de que, según advirtieron los socialistas, la propia Unidad de Contratación Municipal afirmara no tener constancia del mismo, contradiciendo la versión ofrecida previamente por el Gobierno local.
El enfrentamiento fue en aumento tras las preguntas formuladas sobre la devolución de tasas que, siempre según el PSOE, habrían sido cobradas indebidamente a aspirantes de una bolsa de empleo municipal de carácter temporal. La situación alcanzó su punto más crítico cuando se solicitó a la alcaldesa que aclarara la existencia de una posible denuncia presentada por un trabajador municipal por presunto acoso laboral o mobbing.
Fue entonces cuando la presidencia del Pleno decidió interrumpir la intervención del Grupo Socialista, ordenar el corte de su micrófono y requerir su salida de la sala. Los grupos municipales del Partido Popular y Vox permanecieron en el salón de plenos hasta la conclusión de la sesión.
Según ha podido saber Sanlúcar Ahora, el Partido Socialista de Sanlúcar estudia la interposición de acciones judiciales al considerar que lo ocurrido podría suponer una vulneración de derechos fundamentales y una quiebra grave de las garantías democráticas que rigen el funcionamiento de las instituciones municipales.
No es la primera vez que la actual regidora ordena el desalojo del salón plenario. En anteriores sesiones, colectivos como la Policía Local y ciudadanos críticos con la gestión municipal ya habían sido obligados a abandonar el recinto.
El episodio eclipsó el debate del resto de asuntos incluidos en el orden del día, entre ellos la falta de efectivos de la Policía Local, la situación de la seguridad ciudadana, la necesidad de aprobar una Oferta de Empleo Público o el estado de liquidación del Presupuesto Municipal de 2025.
También se abordaron un manifiesto institucional en defensa de la pesca y el sector pesquero local, una propuesta de Vox sobre el Parque Mirador del V Centenario en Pino Alto, iniciativas del Partido Popular relativas a un plan integral de recuperación de las playas y al cultivo de la patata, así como una propuesta socialista sobre el deterioro de la calle Descubierta.
Sin embargo, la expulsión del grupo de la oposición marcó de forma decisiva una sesión que previsiblemente tendrá continuidad política y jurídica en los próximos días.
