El Ministerio Público considera que los hechos han prescrito al haber transcurrido más de un año. No obstante, el proceso continúa tras la petición de la acusación de ampliar la denuncia por presunto acoso laboral
REDACCIÓN, 13 DE FEBRERO DE 2026.- El panorama judicial en torno a la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, se vuelve más complejo tras las últimas novedades procesales. El caso, originado por una denuncia de un trabajador municipal por un presunto delito de injurias, se encuentra ahora en un punto de fricción entre la solicitud de archivo por parte de la Fiscalía y la estrategia de la acusación para ampliar el alcance de la investigación.
El dictamen del Fiscal: Prescripción y límites legales
En un informe determinante para el proceso, el Ministerio Fiscal se ha posicionado a favor del archivo de las actuaciones basándose en la normativa vigente del Código Penal. El Fiscal esgrime que, según los artículos 104 de la Lecrim y 215 del Código Penal, su intervención no procede de oficio en casos de injurias o calumnias a menos que estas afecten a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, circunstancia que no se aprecia en esta causa.
Más allá de la competencia, el argumento central de la Fiscalía para pedir el sobreseimiento es la prescripción. El informe recuerda que el artículo 131 del Código Penal establece que los delitos de injurias y calumnias prescriben al año. Al haber transcurrido más de doce meses desde la fecha de los hechos, el Ministerio Público concluye que cualquier posible responsabilidad penal debe considerarse extinguida.
La postura de la defensa: Inexistencia de delito
Por su parte, la defensa de la regidora ha sido tajante al señalar que los hechos no son constitutivos de delito por «falta de tipicidad». Desde el entorno de Carmen Álvarez se insiste en que la resolución judicial que la cita como investigada se enmarca en una fase de instrucción inicial. En este sentido, recalcan que no existe condena alguna y que debe prevalecer el derecho fundamental a la presunción de inocencia mientras el juzgado no dicte lo contrario.
Un giro en la estrategia: Del insulto al «mobbing»
A pesar de la contundencia del informe fiscal, el proceso judicial no se ha paralizado. Según ha podido confirmar este medio, el escrito de la Fiscalía es anterior a la citación para la declaración de la alcaldesa, lo que implica que la instrucción ha seguido su curso previsto.
La clave de la continuidad del caso reside en la acusación particular. La defensa del trabajador municipal ha solicitado formalmente la ampliación de la denuncia. Esta nueva vía busca incluir delitos relacionados con un presunto escenario de acoso laboral (mobbing), además de una querella por injurias con publicidad y calumnias (artículos 205,208,211 y 173 Código Penal)
Este movimiento es jurídicamente estratégico: el acoso laboral conlleva plazos de prescripción más amplios y una gravedad distinta a las injurias, lo que podría neutralizar el argumento de caducidad presentado por el Fiscal y obligar a prolongar la fase de instrucción.
A la espera de una resolución judicial
Con las cartas sobre la mesa —el archivo solicitado por la Fiscalía y la ampliación planteada por la acusación— el procedimiento queda ahora a expensas de la decisión del Juzgado de Instrucción. Será el magistrado quien determine si cierra la causa por prescripción o si, por el contrario, admite a trámite la ampliación por acoso laboral, manteniendo así el juicio oral y las diligencias programadas.
