Seguro lo has escuchado innumerables veces:
“Esto es así porque me lo dijo un amigo que es guardia civil.” “Un gestor me ha asegurado que esto se gana.” “Mi cuñado trabaja en un juzgado y dice que…”
El peligro silencioso del argumentum ad verecundiam
Hay una inclinación profundamente humana —tan antigua como la propia organización social— que consiste en aceptar como verdad aquello que pronuncia una voz revestida de autoridad. No se examina el argumento; basta con reconocer el timbre de quien lo emite. A este fenómeno lo llamó la lógica clásica argumentum ad verecundiam: la falacia que sustituye la razón por el prestigio.
No es una cuestión menor ni un juego académico reservado a las aulas de filosofía. Es una actitud mental que atraviesa nuestra vida cotidiana.
Porque pensar exige esfuerzo. Pensar obliga a detenerse, a dudar, a recorrer el incómodo territorio de los matices. Creer, en cambio, es un acto rápido: delega el juicio y nos permite descansar en la aparente seguridad de quien “debe saber”. Por eso, en no pocas ocasiones, todos preferimos creer que pensar.
Quien ejerce la abogacía reconoce esta escena con frecuencia casi ritual. El cliente llega al despacho con una convicción previamente fabricada: “esto es así porque me lo ha dicho un amigo que entiende del tema”, “me han asegurado que este asunto está ganado”, “conozco a alguien que trabaja cerca de un juzgado y sabe cómo funcionan estas cosas”.
No buscan todavía un análisis; buscan confirmación. Buscan que el abogado bendiga una certeza prestada.
Sin embargo, el Derecho no es un territorio de intuiciones ni de rumores cualificados. Es el espacio donde los hechos se someten a prueba y donde los argumentos deben sostenerse por su coherencia interna, no por la biografía de quien los pronuncia.
La autoridad, por supuesto, tiene su lugar. La jurisprudencia orienta, la doctrina ilumina, la experiencia enseña. Pero cuando la autoridad reemplaza al razonamiento, el pensamiento jurídico se degrada y la justicia se vuelve frágil.
Conviene recordar algo esencial: el Derecho vive en una tensión permanente entre autoridad y razón. Sin autoridad, el sistema se disolvería en interpretaciones caprichosas; sin razón, la autoridad degeneraría en dogma. El equilibrio es, precisamente, la tarea silenciosa de quienes habitamos este oficio.
Existe, además, un riesgo más sutil cuando un despacho alcanza reconocimiento social. Llega un momento en que la palabra del abogado puede ser creída antes de ser comprendida. Y aunque pudiera parecer un triunfo reputacional, encierra una amenaza: el profesional que solo es creído corre el peligro de dejar de ser exigido intelectualmente.
Porque detrás de casi todo conflicto jurídico hay una emoción primaria: el miedo.
Miedo a perder un patrimonio, a ver fracturada la familia, a afrontar una responsabilidad penal, a quedar a la intemperie ante el futuro. Cuando el temor aparece, el ser humano busca una voz firme a la que aferrarse. No quiere asistir a un seminario de teoría jurídica; quiere una brújula.
Ahí se revela la verdadera altura del abogado. No en ofrecer certezas fáciles, sino en transformar la confianza en comprensión. No en simplificar artificialmente la realidad, sino en hacerla inteligible sin traicionar su complejidad.
La primera obligación ética del jurista no es tener siempre razón —empresa imposible—, sino desconfiar de las verdades demasiado cómodas y enseñar a sus clientes a hacer lo mismo.
Creer es cómodo. Pensar es exigente.
Pero solo allí donde alguien se atreve a pensar —aunque sea contra la corriente de la autoridad— comienza verdaderamente el territorio de la libertad.
Y, en el fondo, también el de la justicia.
Eduardo Domínguez-Lobato
